¿Qué está pasando? La nueva Ley 100-2025 busca incentivar la construcción de vivienda asequible en Puerto Rico. Esta actualiza las disposiciones de la Ley 47-1987 (Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda) para adaptarlas a la realidad económica actual.
La Ley 100 agrupa en una sola categoría las unidades de vivienda de interés social y de clase media y establece un nuevo mecanismo de revisión del tope del precio de las unidades, de manera que sea más amplio y que se basen en los límites de la Administración Federal de Vivienda (FHA).
También “otorga unos beneficios en el proceso de construcción” en este tipo de propiedades, lo cual podría, eventualmente, aumentar la disponibilidad de vivienda asequible, dijo el presidente de la Asociación de Constructores (ACPR), Agustín Rojo, en entrevista con Platea.
¿Por qué es importante? Tres de los problemas principales de acceso a la vivienda en Puerto Rico son la falta de construcción de nuevas unidades, el alto costo de las viviendas y los cargos que impone el gobierno al sector de la construcción, dijo Rojo.
Mercado de Vivienda en Puerto Rico 2024
1,028
Unidades vendidas 2024
Cifra más alta desde 2018
$367,717
Precio promedio 2024
Cifra récord, +18.4% vs 2023
Comparación Salarial 2023
Te explicamos qué dice la Ley 100-2025, por qué se hicieron los cambios y cómo podría impactar el mercado de la vivienda asequible.
📝 Principales cambios de la Ley 100-2025
1. Se establece la misma definición para “familia o persona de clase media” y “familia de ingresos bajos o moderados”.
Ahora, en ambos casos son “toda familia o persona que no posea una vivienda propia y cuyo ingreso anual exceda el establecido para familias de ingresos bajos y moderados por los programas de vivienda de interés social” a nivel estatal y federal.
2. Se unifica la definición de vivienda de interés social y de clase media.
Ahora, ambas se catalogan bajo el título de “vivienda de alto impacto social, económico y para la re-población de Puerto Rico”.
3. Se establece el tope de precios para estas viviendas “de alto impacto social”.
El precio de venta no puede superar “el límite de precio, según fijado por FHA”. Esta agencia federal, que también otorga préstamos hipotecarios, establece los topes cerca de los $600,000, dependiendo de la zona donde se ubica la vivienda y el costo de vida.
4. Se establece un nuevo mecanismo de ajuste administrativo al tope de precios
El Departamento de la Vivienda (DV) podrá conceder dispensas ordinarias de hasta un 25% para ajustar el precio de venta máximo de algún proyecto dentro de esta ley, justificado con hechos, documentos y elementos que apoyen la decisión.
5. Se crea un Comité de Trabajo Multisectorial
Este comité deberá presentar un informe a la gobernadora y los presidentes legislativos con hallazgos, conclusiones y recomendaciones de legislación y política pública. Está compuesto por representantes de la Federación y la Asociación de Alcaldes, la Asociación de Constructores (ACPR), la Asociación de Bancos y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV).
1. “La facilidad de hacer negocios en Puerto Rico”, sobre todo lo relativo al proceso de sacar permisos.
2. “La dificultad con las agencias» como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) o la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que “tienen unos retos bien grandes”. Entre estos, “la posibilidad de falta de generación” o los problemas de infraestructura de acueductos, detalló Rojo.
¿Por qué era necesaria la Ley 100-2025, según el sector de la construcción?
Tope de precios bajo
Agustín Rojo, presidente de la ACPR, explicó a Platea que el sector de la construcción impulsaba los cambios incluidos en la Ley 100 porque los topes de precios de la Ley 47-1987 están por debajo del costo real de construcción en Puerto Rico. El límite anterior era de $150,000 para viviendas “de interés social y de clase media”, que se elevó a $170,000 el cuatrienio pasado, pero estas cifras seguían siendo insuficientes.
Con los topes anteriores, “se paró de construir vivienda bajo esa clasificación legal (de la Ley 47-1987)”, dijo Rojo. Consideró que, actualmente, “el precio mínimo en el cual se puede construir (son) $250,000-$300,000”, tomando en cuenta que es “una vivienda que no está subsidiada, que no cuenta con un programa del gobierno federal o un programa del gobierno local de subsidio”.
Si bien los topes de precios para viviendas de la FHA (en los que se basan los nuevos topes de la Ley 100) se encuentran cerca de los $600,000 y varían en cada municipio, Rojo explicó que esto no significa que las nuevas viviendas estarán en esos precios.
Costos de construcción
Rojo destacó que se espera que la Ley 100 tenga el efecto de reducir los costos de construcción, sobre todo ese 25-30% que redundaba en cargos gubernamentales o los llamados impact fees, entre ellos, el costo de colocar luz y agua.
Como ejemplo, Rojo indicó que una vivienda cuyo precio final es de $300,000, podría costar un 30% menos o $210,000, si no se cobraran esos cargos gubernamentales.
¿Atiende la Ley 100 el problema de acceso a vivienda asequible?
Para el economista Heriberto Martínez, la Ley 100-2025 atiende el tema de la oferta de vivienda y las preocupaciones del sector de la construcción.
Sin embargo, la ley no toca el hecho de que “el precio de la vivienda en los últimos años se disparó muy por encima del salario de las familias trabajadoras” ni las expectativas de los consumidores de tener una vivienda con todo lo que necesitan por el precio que pagan, explicó Martínez, también director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.
“La Ley 100 no es el camino adecuado para aumentar la oferta de vivienda, la cual maestras, enfermeras, bomberos, policías, puedan pagar con salarios gubernamentales. Por lo tanto, es una situación de que las casas van a estar más caras, pero el salario de la gente está por debajo de la capacidad de pago. Hasta que esas dos cosas, de alguna manera, no se entrelacen o se tomen en cuenta, por más que subas el tope de las tasas de interés social, no vas a poder venderlas en el mercado o a ese grupo de vivienda asequible que quieres impactar”, detalló el economista.
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Impacto a largo plazo de la Ley 100
Según Rojas, el efecto de la Ley 100 no será visible sino hasta en varios años, ya que los desarrollos de vivienda toman tiempo.
“Los proyectos demoran tiempo. El ciclo de desarrollo típicamente es de 2 a 4 a 5 años. Entre 2 y 5 años dependiendo del proyecto en el que uno identifica un terreno, lo negocia, lo compra, saca los permisos, hace la planificación del proyecto, el concepto, los planos, lo construye. Es un proceso largo. Así que no es que esto vaya a tener un impacto de inmediato”, sostuvo Rojo, destacando la importancia de esta ley para incentivar el desarrollo de vivienda.
– Dónde: Centro de Convenciones de Puerto Rico
En la convención se discutirán las Leyes 100 y 101, relacionadas a la construcción de vivienda en Puerto Rico. También habrá proyecciones turísticas y económicas, y participación de diversos sectores, incluyendo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Mira la agenda aquí.
